Encabecé la sesión ordinaria N°9 del Concejo Deliberante en el que se aprobaron modificaciones a la ordenanza que regula el sistema de estacionamiento medido y controlado en la vía pública de la ciudad.
La norma recibió 21 votos a favor, por parte de concejales del oficialismo, el edil Gabriel Huespe (Ciudadanos), el bloque del Frente Cívico, y los radicales Claudia Luján y Juan Balastegui. Rechazaron el proyecto las concejalas Jéssica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad), Soher El Sukaría (PRO), Cintia Frencia FIT) y el resto de bloque de la UCR.
El nuevo esquema propone una ampliación de las zonas donde habrá estacionamiento medido, que serán definidas por vía reglamentaria por el Ejecutivo.
Se cobrará para estacionar de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 8 a 14 horas, mientras que fuera de esos horarios, y los domingo y feriados será gratis. Sí se cobrará durante la realización de eventos masivos, en cuyo caso el Ejecutivo definirá qué cooperativa asume esa tarea.
El precio por hora será equivalente al 60% de un litro de mayor octanaje de YPF, actualizable al día 14 de cada mes. En eventos, esa proporción se elevará al 100%.
Todos los pagos serán digitales, mediante una app, sin manejar en ningún caso dinero en efectivo. El inicio del estacionamiento será constatado por empleados de cooperativas, las que prestarán el servicio por permiso o concesión del Ejecutivo.
La norma contempla que el dinero recaudado se distribuirá así: 80% para las cooperativas y 20% para el municipio.
Se fija, además, un régimen sancionatorio para quienes cobren estacionamiento sin tener autorización, o que, estando habilitados, lo hagan de manera irregular o maltraten a usuarios. Las penas incluyen multa, trabajo comunitario y también prohibición de concurrencia.
Durante el debate, el concejal Marcos Vázquez (HUxC) insistió en que se busca establecer reglas claras para todos. “Los constatadores estarán registrados y vinculados a cooperativas. Ya no habrá informalidad absoluta, ni gente actuando sin control. Se sabrá quién está en la calle y bajo qué condiciones. Se trata de un sistema con derechos, pero también responsabilidades. Sumamos tecnología para ordenar y transparentar el funcionamiento, y evitar conflictos y discusiones, porque todo quedará registrado”, explicó, tras adelantar que en el Parque Sarmiento el estacionamiento seguirá siendo gratuito.
La radical Verónica Garade Panetta cuestionó que no está determinado el universo de constatadores, ni las zonas de cobro. “Esta ordenanza es un catálogo de buenas intenciones, que delega todo en manos del Ejecutivo. No cambiará nada. Lo que falta es control del Estado”, dijo.
Martín Juez anticipó el voto favorable de su bloque, aunque aclaró que lo hacía en respaldo a los 378 naranjitas cooperativizados que hace años trabajan en la calle. Analizó que el sistema se descontroló por falta de presencia del Estado. “Las ocho cooperativas que hay se manejan bien. El problema es la falta de control sobre los extorsionadores y la estigmatización que se ha hecho de quienes tienen derecho a trabajar. Terminaron metiendo a todos en la misma bolsa”, concluyó.
Soher El Sukaría calificó de “maquillaje” la norma. “Es lo mismo que ya tenemos, pero con más naranjitas, más espacios y mayor costo para los vecinos”.
Gabriel Huespe diferenció entre gente que trabaja bien y los que toman calles con violencia y extorsionan. “Decimos basta a una situación anárquica y ponemos reglas claras. Desde ahora, nadie cobrará en la calle, salvo el municipio. Coincido con la opinión de la Pastoral Social: si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”, analizó.
Por su parte, Cintia Frencia señaló que la ordenanza implica “más persecución, represión y un impuestazo” a los vecinos, y que “no se soluciona el problema de fondo”.
Finalmente Jéssica Rovetto Yapur opinó que “se institucionaliza un fracaso de décadas, responsabilidad del oficialismo”, y remarcó: “Nos quieren vender una mirada social, pero solo formalizan la precariedad y la extorsión”.
